El desconocimiento de la realidad económica y financiera que el president Artur Mas haya podido encontrarse al asumir sus responsabilidades de gobierno condiciona, sin duda alguna, la opinión de cualquiera que analice las nuevas medidas que -de acuerdo con lo publicado hoy en la prensa escrita- formarían parte del nuevo plan contra el déficit en Cataluña para el año 2012.
Asumiendo esa debilidad en la fundamentación de la opinión, no cabe, en cualquier caso, sino manifestar la contrariedad por las propuestas de reducción del salario de los funcionarios y de incremento de impuestos. Cualquier ciudadano coincidirá en la necesidad de decidir sobre la continuidad o no de determinadas estructuras, organismos o instituciones cuya utilidad práctica podría ser, en muchos casos, cuestionable, y que, sin embargo, suponen un gasto recurrente considerable para la administración; y también estará de acuerdo en que las medidas planteadas parecen perseguir la perpetuación de dichas estructuras, que podrán seguir financiándose gracias al incremento de la recaudación.
La reducción del salario de los funcionarios y el incremento de impuestos provocan una misma consecuencia: que los ciudadanos dispondrán de una cantidad inferior de dinero en sus bolsillos para consumir. Y eso es una mala noticia para la economía catalana y, por derivación, para la economía española.
Asumiendo esa debilidad en la fundamentación de la opinión, no cabe, en cualquier caso, sino manifestar la contrariedad por las propuestas de reducción del salario de los funcionarios y de incremento de impuestos. Cualquier ciudadano coincidirá en la necesidad de decidir sobre la continuidad o no de determinadas estructuras, organismos o instituciones cuya utilidad práctica podría ser, en muchos casos, cuestionable, y que, sin embargo, suponen un gasto recurrente considerable para la administración; y también estará de acuerdo en que las medidas planteadas parecen perseguir la perpetuación de dichas estructuras, que podrán seguir financiándose gracias al incremento de la recaudación.
La reducción del salario de los funcionarios y el incremento de impuestos provocan una misma consecuencia: que los ciudadanos dispondrán de una cantidad inferior de dinero en sus bolsillos para consumir. Y eso es una mala noticia para la economía catalana y, por derivación, para la economía española.
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